Dos funcionarios de prisiones del centro penitenciario Puerto II han visto cómo su condena de uno y tres años de cárcel, respectivamente, ha sido confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Los dos trabajadores de la cárcel de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María fueron condenados por un delito de torturas en concurso real con otro delito leve de lesiones.
Ambos funcionarios de prisiones agredieron a un preso preventivo que ingresó en la prisión portuense como presunto autor del asesinato de su hijo de ocho meses de edad y de golpear a su pareja.
Según ha explicado el TSJA y ha recogido Europa Press, los hechos que presuntamente había cometido el preso agredido trascendieron a la opinión pública y eran conocidos en el centro penitenciario.
El agredido ingresó por orden del Juzgado de Arcos de la Frontera el 2 de julio de 2017, como presunto autor de los hechos citados, aplicándose el protocolo antisuicidios y asignándole un interno de apoyo.
El día de su ingreso, y según el atestado judicial, sobre las 21:30 de la noche, uno de los funcionarios de prisiones condenado se acercó hasta la celda 11 en la que sabía que estaba el preso y le dijo: «esta noche vas a dormir calentito».
Sobre las 23:45 entró junto al otro funcionario de prisiones en la celda, donde dormían el preso agredido y el de apoyo, a quien pidieron que saliera al pasillo.
Según los hechos probados, con el objetivo de aplicarle un severo castigo por los hechos que presuntamente habría cometido, uno de los funcionarios de prisiones comenzó a darle patadas y puñetazos por todo el cuerpo, además de insultarle.
Ante la resistencia del preso, intervino el otro funcionario que vigilaba en la puerta. Estuvieron dos minutos en la celda hasta que lo dejaron semi-inconsciente en el suelo y ensangrentado, según señala la sentencia.
El relato de hechos probados recoge que horas después, uno de ellos volvió a la celda, ordenó al preso de apoyo que bajase de la litera, y tumbó en el suelo a la víctima, dándole de nuevo puñetazos y patadas por todo el cuerpo.
Por la mañana, el educador y la psicóloga se encontraron al preso agredido con heridas y hematomas, y, tras examinarlo la médico en la enfermería, lo remitió al Hospital de Puerto Real.
La sala explica en su sentencia que el delito de torturas está específicamente dirigido a casos «como el que aquí ocupa en donde se relaciona en los hechos probados las razones por las que entró en la prisión el interno, la advertencia del recurrente al mismo de lo que iba a ocurrir y la llegada de los dos recurrentes a la celda sin otro fin o motivo que el de agredirle en respuesta por los hechos que había cometido presuntamente».
«No estamos ante un simple delito de lesiones a valorar según su entidad. Estamos ante agresión de funcionario en el ejercicio de su cargo, y aprovechándose del mismo que accede a una celda de un preso que está bajo su custodia y al que agrede por cualquier hecho que haya cometido o se sospecha que ha cometido», han subrayado los magistrados.
La Sala explica que la sentencia de instancia, al igual que la recurrida, halló prueba suficiente y rechazó la versión exculpatoria de los dos recurrentes que en el juicio reconocieron haber estado en la celda número 11, que ocupaba el preso, pero solo para realizar un cacheo.
El tribunal desestima los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz.
Uno de los funcionarios fue condenado a tres años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión por un delito de torturas, al pago de una multa de 360 euros por un delito leve de lesiones y, en concepto de responsabilidad civil, al pago de una indemnización de 720 euros a la víctima.
La sentencia de instancia condenó al otro funcionario de prisiones a un año de cárcel y ocho de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión por el delito de torturas y al pago de una multa de 180 euros por el delito leve de lesiones.
