El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, ha presentado un conjunto de enmiendas a la Ley de Servicios de Atención al Cliente (Ley SAC) que refuerzan la protección del consumidor frente a prácticas comerciales abusivas y la opacidad digital.
Entre las medidas más destacadas, se establece la obligación para las empresas de utilizar códigos numéricos identificativos en sus llamadas: uno para comunicaciones comerciales y otro para servicios de atención al cliente. Esta medida facilitará que los ciudadanos puedan distinguir el tipo de llamada antes de contestar.
Además, se impondrá a las operadoras de telecomunicaciones el bloqueo automático de las llamadas que no utilicen estos prefijos, reforzando la seguridad y reduciendo las molestias asociadas al spam telefónico. Para hacer viable esta medida, el Gobierno podrá modificar el Plan Nacional de Numeración.
Contratos nulos en llamadas no consentidas
Otra de las enmiendas impulsadas por el Ministerio busca anular los contratos cerrados en llamadas no consentidas. Esta medida pretende reducir la presión y el engaño en las comunicaciones comerciales y garantizar que cualquier contrato telefónico se base en un consentimiento previo y verificable.
Asimismo, las empresas deberán renovar cada dos años el consentimiento del usuario para seguir realizando llamadas comerciales, eliminando así el uso de autorizaciones indefinidas.
Más medidas de protección digital
Pablo Bustinduy también ha detallado otras reformas que buscan mejorar la transparencia digital y proteger a los consumidores:
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Fin a las renovaciones automáticas sin aviso: las empresas deberán avisar con 15 días de antelación cuando un contrato o suscripción se vaya a renovar automáticamente. Además, deberán facilitar de forma clara la opción de cancelación.
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Lucha contra las reseñas falsas: solo se podrán publicar reseñas en los 30 días posteriores a la compra o disfrute del servicio. Las empresas podrán replicar o pedir la eliminación de opiniones falsas si demuestran que no proceden de clientes reales.
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Transparencia en los precios online: se obligará a las empresas a mostrar desde el inicio el precio total del producto o servicio, incluidos los gastos de gestión, evitando así sorpresas en el último paso de la compra.
Bustinduy ha asegurado que todas estas medidas buscan reforzar los derechos de los consumidores en un entorno cada vez más digitalizado y complejo, apostando por una regulación clara y justa. “Se trata de garantizar que los consumidores tengan toda la información, el control sobre sus decisiones y la seguridad que merecen”, ha concluido el ministro.
