El alcalde de Jaén, José Agustín González, del Partido Popular, afrontará su primer gran problema desde su llegada al Consistorio jiennense. Los trabajadores del servicio de autobuses urbanos de la ciudad irán a la huelga.
Aunque no es la primera ocasión en la que el gobierno de la capital jiennense está en el foco. Cabe recordar la censura por la obra de Ana Belén o el señalamiento público de trabajadores municipales.
El secretario general y de organización de la Fesmc Ugt Jaen, Jesús Dueñas y Javier Lacarra, y el portavoz del Comité de Empresa de Transportes Urbanos de ALSA Jaén, Pablo Molina, han anunciado una huelga indefinida ante el bloque que la empresa concesionaria, Alsa, mantiene en la negociación para conseguir «un convenio colectivo digno», que se adapte a la normativa actual.
Los representantes sindicales han expuesto los motivos de los paros, concentraciones y huelga general que van a realizar, por la inaplicación del convenio colectivo que les pertenece, las correspondientes tablas salariales y las mejoras en las condiciones sociales y laborales que deben aplicarles
El Ayuntamiento de Jaén adjudicó en 2021 un contrato puente durante dos años para la prestación del servicio de autobús urbano, que había estado en manos de una misma empresa (Castillo) desde mediados del pasado siglo.
Sin embargo, ese contrato puente expira el 7 de octubre y el Ayuntamiento no ha procedido aún a la licitación del nuevo servicio y los trabajadores se rigen por un convenio colectivo caducado desde finales de 2022.
Tras la falta de acuerdo en el Sercla, los trabajadores y la empresa Alsa se vieron las caras el pasado lunes en el Juzgado de lo Social de Jaén, en un juicio que quedó visto para sentencia.
En concreto, la reforma laboral establece que el salario base debe estar, como mínimo, a la altura del recogido en el convenio sectorial, algo que no ocurre en este caso, donde hay «una diferencia abismal» y su actualización se traduciría en «una subida de en torno del 40 por ciento».
Denuncian, además, el «incumplimiento» de condiciones laborales. Por ello, reclaman que la licitación del servicio por parte del Ayuntamiento también tenga en cuenta el coste que supondría respetarlas, ya que, por ejemplo, cubrir los descansos implicaría más personal y, por ende, un presupuesto mayor.
En este sentido, han subrayado que se viene hablando «desde el año pasado» sobre esta situación e intentando negociar «desde el 1 de enero» sin que haya habido resultado. Han añadido que la empresa se escuda en que «al no salir a licitación» el contrato definitivo de autobús «no podían ofrecer nada» al «no saber el presupuesto» que se plantearía.
«Nos vemos obligados a hacer movilizaciones y huelga en los próximos días, en octubre -coincidiendo probablemente con la Feria de San Lucas-«, ha dicho Lacarra, quien recalcado la «imposibilidad» de acuerdos, pese a haber recurrido al Sercla, de modo que han ido también a los tribunales y esta semana se ha celebrado un juicio del que esperan la sentencia.
Por otro lado, han recalcado la «responsabilidad» que el Ayuntamiento tiene en este conflicto como «parte subsidiaria», de ahí que también hayan mantenido encuentros con sus responsables, incluido el alcalde, Agustín González, la última este jueves.
Dueñas ha hecho hincapié en que esa licitación debe incluir también la subida salarial, con «unos 300-400 euros por trabajador», y el gobierno local ha adelantado que «una modificación a ese presupuesto». Han afirmado que el Consistorio «parece que tiene voluntad», si bien consideran que ese aumento va a ser «insuficiente» porque no se tiene en cuenta la situación real del servicio.
En este sentido, han aclarado que no se trata «solo de dinero», sino también de «condiciones laborales, mejoras sociales y conciliación». Y es que, según ha agregado Molina, hay «incumplimientos» ya del actual convenio caducado que también llevarán a Inspección de Trabajo, relacionados con desconexión digital, eliminación de pluses en vacaciones, que «sigue sin pagar», pese a tener un juicio «ya ganado», o la propia jornada y descansos.
Estos últimos los ha puesto como ejemplo del impacto en el presupuesto que tienen estas cuestiones, ya que estiman que cubrir los descansos que ahora no se cumplen implicaría la contratación de «unas diez personas más» y, por tanto, más coste. Ha lamentado, sin embargo, que «no se está teniendo la situación real» del servicio.
Así las cosas, han lamentado tener que iniciar paros, concentraciones y huelga, por los que han pedido «desde ahora mismo disculpas a los ciudadanos, porque son los que van a sufrir» las consecuencias, si no hay un cambio de postura por parte de Alsa.
