Según la Real Academia Española, la libertad no es ni más ni menos que la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y también de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.
Lo que no recoge la RAE es el precio que puede llegar a tener dicha libertad. Y si ustedes aún no saben a qué me refiero, déjenme que les explique.
De un tiempo a esta parte, en el que la presunción de inocencia se lleva por bandera, venimos escuchando que cualquier adinerado puede hacer, en este país, más justicia que los propios jueces.
Si al dinero le añadimos fama, el privilegio es mayor. En definitiva, las leyes existen, pero la justicia no es igual para todos.
El reciente caso del futbolista Dani Alves, quien enfrenta acusaciones por agresión sexual, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la justicia y la libertad en España. La noticia de su libertad provisional bajo una fianza de un millón de euros ha generado una intensa discusión en la sociedad española, dividiendo opiniones entre aquellos que ven este acto como un privilegio reservado para los ricos y poderosos, y aquellos que defienden la presunción de inocencia y el derecho de cualquier individuo a la libertad condicional mientras espera sentencia.
Es comprensible que la opinión pública esté dividida. Por un lado, la cifra astronómica de un millón de euros como condición para la libertad provisional plantea interrogantes sobre la equidad del sistema judicial español. ¿Está realmente la justicia ciega ante la riqueza y el estatus social? ¿O estamos viendo una vez más cómo los individuos adinerados pueden comprar su libertad mientras que aquellos menos privilegiados languidecen en la cárcel, a menudo sin acceso a los recursos necesarios para pagar una fianza?
Sin embargo, también debemos recordar que la libertad provisional es un derecho fundamental en un sistema judicial democrático. La presunción de inocencia es un principio básico que debe prevalecer, independientemente del estatus económico o social de un individuo. Dani Alves, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia. La fianza establecida por el juez no es una sentencia de culpabilidad, sino una medida cautelar mientras se lleva a cabo el proceso legal.
El problema real radica en la disparidad económica que existe en el sistema judicial. Mientras que aquellos con recursos financieros pueden permitirse pagar fianzas exorbitantes y contratar a los mejores abogados, aquellos menos afortunados quedan atrapados en un sistema que, a menudo, favorece sólo a los que tienen dinero. Esto no solo socava la confianza en la justicia, sino que también perpetúa la desigualdad y la injusticia social.
Philip Randolph decía: “La libertad nunca es dada; se gana” ¿Se referiría entonces a cuánto gana uno económicamente para ser más o menos libre en este país? ¿Será que tanto tienes, tanto vales?
Raquel Ruíz Romero
