Las protestas y cortes de carreteras que, a modo de “tractoradas”, se han sucedido en los últimos días han suscitado posturas encontradas en la opinión pública al margen de que la difícil situación que atraviesa el sector primario en nuestro país y en buena parte de Europa sea un motivo más que legítimo.
Precios justos que cubran los costes de producción ante la subida de materias primas, el incremento del precio de la energía, que se impidan prácticas que favorecen la competencia desleal por parte de otros países ajenos a la normativa europea, mayores recursos para el seguimiento, vigilancia y endurecimiento de las sanciones previstas en la ley de la cadena alimentaria, además de una burocracia asfixiante a la que les somete la legislación medioambiental o el peligro que supone todo avance hacia acuerdos de libre comercio… Bajo estas demandas el campo se ha echado a la calle, en el centro de la diana Bruselas y, como no, el Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza.
Si bien es cierto que el instrumento más legítimo que tiene el ciudadano para decidir la deriva que su propia vida toma en cualquier aspecto es el de ejercer su derecho al voto cada cuatro años, también es cierto que el derecho constitucional a manifestarse pacíficamente es una herramienta idónea y eficaz para que, si se produce situaciones coyunturales de agravio, desigualdad, discriminación, incluso incumplimientos de la ley, el ciudadano pueda mostrar su rechazo. La protesta en las calles es sana, fortalece la democracia y además permite abrir vías de dialogo que pueden reconducir situaciones de tensión. Es también un perfecto termómetro para que el político pueda medir el nivel de aceptación de sus decisiones.
Es lo que llevan haciendo toda la vida, por ejemplo, los sindicatos de clase, el movimiento asociativo o los colectivos que sienten la opresión del sistema. La desafección ciudadana se ha canalizado generalmente organizándose en colectivos, aunando fuerzas y otorgando representación, también democrática, a los elegidos como líderes.
No en vano, estas organizaciones se someten de forma casi permanente a procesos electorales en las empresas para poder negociar entre otras cuestiones, las condiciones laborales de los trabajadores de este país. Asumen asimismo procesos similares en sus órganos internos. Así lo hacen también los partidos políticos y, a otro nivel, el conocido como tercer sector que engloba a asociaciones tan importantes como las que representan a las personas con discapacidad, al colectivo LGTBI, a afectados por determinadas enfermedades, asociaciones vecinales, comerciantes, AMPAS, consumidores, autónomos, etc.
La representatividad oficial solo de sindicatos y partidos políticos alcanza cifras de millones de personas que se sienten vinculados a estas organizaciones. Sin embargo, en los últimos tiempos se han sucedido acontecimientos, como las sucesivas crisis económicas, que han hecho saltar por los aires la reputación de estas vías de representación. El cuestionamiento sobre la legitimidad de partidos políticos y organizaciones (y con ello, en cierto modo, la del propio modelo de democracia) tuvo un momento clave en los últimos tiempos: el 15M.
Hoy por hoy, no cabe duda de que el movimiento 15M supuso un antes y un después en el panorama general del país, un vendaval que obligó a organizaciones, instituciones y partidos políticos a abandonar sus proceder, arcaico en determinadas cuestiones, para abrir la puerta a una nueva era, donde lo digital predominaba sobre lo analógico, las convocatorias en redes sociales se imponían ante las tradicionales circulares y la opinión, por particular que fuera, adquiría una mayor proyección pública y sobredimensionada, si se quiere. Paradójicamente, el partido que acabó monopolizando aquel movimiento, terminó emulando las peores prácticas de los partidos tradicionales y erigiéndose en un liderazgo de lo más vertical.
El tiempo dejo atrás aquel 2011 que, convulso y apasionante a la vez, propició una sociedad distinta. La gran revolución social y el impacto mediático vivido embaucó a la masa y, quizás, también impidió que nos hiciéramos determinadas preguntas que hoy no deberían pasar por alto.
Son muchas y diversas las manifestaciones que, de forma recurrente, han conseguido marcar un hito. Entre ellas, el Tren de la Libertad, o la marea protagonizada por el médico Spiriman contra la gestión del sistemas sanitario andaluz. Sin ir más lejos, estos días, las citadas tractoradas son otro ejemplo. Y, quizás, en un contexto como el actual, en el que España está dando un claro ejemplo de resistencia ante el avance de un nuevo populismo ultraderechista desbocado en distintos puntos del mapa internacional, debamos hacernos algunas preguntas.
Quizás debamos indagar sobre los motivos por los que los cauces de representatividad real quedan al margen de estas protestas. Tal vez debamos fiscalizar, como solemos hacer con el resto de las organizaciones e instituciones, la procedencia de fondos y recursos que soportan concentraciones de tal magnitud. Tal vez debamos indagar en la representatividad de aquellos que convocan en nombre de supuestos colectivos. A lo mejor, deberíamos preguntarnos abiertamente qué fin último hay detrás de determinados discursos.
Podría ocurrir que, como sucediera en 2022 durante las protestas de transportistas, nos encontremos con un nuevo perfil al más puro estilo Manolín Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera simpatizante de VOX. Un eficaz agitador de masas, un perfecto defensor de la causa transportista al que solo le faltaban un par de detalles: no tenía ni licencia, ni camión.
Ante la actual situación del sector del campo, con la que es difícil no empatizar, las distintas opciones políticas han reaccionado de distinta forma, pero, desde luego, todas mostrando su apoyo. Algunos políticos han tomado la iniciativa de la interlocución y otros la iniciativa de lanzar el dardo al partido contrario, aun teniendo competencias en la materia y posibilidades económicas para contribuir.
En esto, como en otros asuntos, llama la atención el absoluto guirigay discursivo que reina en las opciones conservadoras y ultraconservadoras. Aplauden la protesta y la manifestación cuando el foco está en un gobierno central como el actual, de izquierda, pero cuando gobiernan reprimen y limitan incluso con modificaciones legislativas las mismas protestas y manifestaciones. Califican a los representantes legítimos de la ciudadanía de chiringuitos, pero loan al primer Manolín de turno sin contrastar qué representatividad le respalda. Llevan años abogando por el libre mercado, pero cuando sus consecuencias se hacen insostenibles para los sectores productivos o los propios ciudadanos, repentinamente llaman al intervencionismo más absoluto pidiendo control de los precios por parte del Estado. Se resisten a una política impositiva que redistribuya la riqueza de forma progresiva, apostando por una economía que se regula sola en el bolsillo del ciudadano y critican sin piedad ayudas, como el PER, llegando a llamarlas “paguitas”, pero hoy reclaman al Gobierno de España recursos en forma precisamente de ayudas para los afectados por la crisis energética, la sanitaria, la productiva, la hídrica… etcétera.
Bendita paz social la de otros tiempos, terminarán por concluir algunos.
