Los sindicatos CCOO-A y UGT-A ha alertado del «nuevo intento» por parte del Gobierno andaluz de privatizar la sanidad pública a través de las mutuas laborales, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este viernes de un Convenio de Colaboración entre la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía e Ibermutua, para potenciar la colaboración sanitaria en procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
Por su parte, la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha mostrado su «total oposición» a la medida del Gobierno andaluz de traspasar la gestión de las incapacidades laborales transitorias (IT) por contingencia común a las mutuas laborales, según ha indicado en un comunicado la organización sindical.
En este sentido, el sindicato ha recordado que la Junta sacó el pasado año, también en el mes de agosto, «una orden de tarificación que incluía un avance hacia la privatización de la sanidad con la posibilidad de privatizar las consultas de Atención Primaria».
«Una Orden que, a fecha de hoy, no ha sido modificada, a pesar de los acuerdos firmados por el propio presidente del Gobierno andaluz y por la Consejería de Salud que obligaban a retirar la Atención Primaria de esa tarificación», ha explicado la federación.
CCOO-A ha resaltado que se trata de un acuerdo con Ibermutua, «ampliable a todas las mutuas patronales que quieran acogerse a él», y que «deja en manos de estas» el seguimiento y control de las incapacidades temporales por contingencias comunes. Es decir, «por cualquier enfermedad común, y no solo por procesos traumatológicos o por accidentes laborales», ha matizado.
Asimismo, la central ha continuado explicando que la mutua puede hacerse cargo de todo el proceso diagnóstico y del tratamiento del paciente y emitir un informe final proponiendo el alta a la inspección médica, dejando a los médicos de familia de atención Primaria fuera del tratamiento y control de esas IT.
Al hilo de ello, la federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A ha advertido que «dejar a los médicos de familia fuera del tratamiento y control de esas IT supone una parcelación de la asistencia sanitaria». «Estamos hablando de mercantilizar la baja laboral dejando en manos de una entidad patronal un proceso que tiene consecuencias económicas para las empresas. La baja laboral no es un mero acto administrativo, sino que es una medida que forma parte del tratamiento del paciente», ha argumentado el portavoz de la federación, Luis González.
CCOO-A considera que el Gobierno andaluz «afronta la penosa gestión de las listas de espera con una doble vía de privatización: con los centros sanitarios privados antes y ahora también con las mutuas».
Para el sindicato, «se trata de un sistema perverso donde incluyen la voluntariedad del paciente que tiene que elegir entre mantener sus molestias durante años en una lista de espera infinita en lo público o ir a la mutua en un corto plazo de tiempo, sin saber, eso sí, las consecuencias finales de esa decisión».
Asimismo, ha vuelto a exigir a la Junta presupuestos y personal suficientes para la sanidad pública, «que permitan una asistencia sanitaria adecuada y sin demoras intolerables, y no más medidas intolerables de privatización».
UGT-A: «La Junta continúa con su intención de privatización»
Por su parte, desde UGT-A se ha denunciado que la Consejería de Salud y Consume «continúa con su intención de privatizar» la atención primaria, al tiempo que ha señalado que el acuerdo con las mutuas «permitirá que estas lleven el control casi absoluto de las bajas e incluso el control y seguimiento del proceso asistencial, dejando sin dichas funciones a los médicos de familia».
Un paso más, el que esta Consejería «innovadora» está dando para la privatización del sistema sanitario público, a través del cual las mutuas podrán hacer el seguimiento y control de los procesos de Incapacidad Temporal derivados de contingencias comunes.
En este contexto, el sindicato ha explicado que la asistencia sanitaria prestada por las mutuas, en relación con el proceso causante de la situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, podrá extenderse a los siguientes ámbitos, exámenes y reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas y funcionales complementarias, exámenes y reconocimientos médicos en interconsultas de atención especializada, dispensación de especialidades y productos farmacéuticos, tratamientos de fisioterapia y rehabilitación física, e intervenciones quirúrgicas, en su caso.
En este sentido, aunque tendrán que solicitar el consentimiento del trabajador, «es más que evidente que ponen en bandeja de plata» este consentimiento y la consiguiente «degradación» del sistema sanitario público de Andalucía, algo absolutamente «perverso» y un paso más para la privatización y desaparición de la actual atención primaria.
Además, esta externalización del servicio de seguimiento de las bajas por contingencias comunes, tienen la «desfachatez» de basarlo en «favor de la agilización de la prestación asistencial y curación del paciente y de una mayor eficiencia económica y de la optimización del aprovechamiento de recursos públicos».
Por otro lado, desde UGT Servicios Públicos Andalucía consideran que este convenio ignora absolutamente que los trabajadores de las mutuas están en una situación laboral que «deja mucho que desear y que, más bien, están pidiendo pasar a formar parte del sistema sanitario público de una manera total y sin estas medias tintas», que «solo tienen un sentido desde el punto de vista del ahorro económico a costa de la salud de los trabajadores», han concluido desde el sindicato.
