El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía abordará este lunes la creación de un comisionado para la supervisión del cumplimiento del acuerdo de Doñana que rubricó con el Gobierno de España el 27 de noviembre de 2023. A pesar de que la propia Junta puso en peligro dicho acuerdo con la Ley de Simplificación administrativa en la que el ejecutivo de Juanma Moreno modificaba la normativa sobre uso de suelos forestales y agrícolas.
La reunión del Consejo de Gobierno tiene lugar este lunes, en vez del martes que es su jornada habitual de celebración, por cuanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañará el martes a la reina Letizia en Sevilla, que acoge el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras y por cumplirse el 25º aniversario de la creación de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), organización de pacientes que se gestó en la capital de Andalucía.
La creación de este comisionado la anunció el jueves el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, durante una comparecencia parlamentaria en comisión, escenario donde aseguró que su departamento «va a instar al Consejo de Gobierno la próxima semana» a poner en marcha esta figura de coordinación y supervisión de las medidas socieconómicas para los municipios del entorno de Doñana.
«Nos vamos a instar a la creación de una oficina que dependerá de la delegación del Gobierno de Huelva y en la que estarán integrados técnicos, funcionarios, de la Consejería de Presidencia, de Sostenibilidad y también de Fomento y de Agricultura«, ha explicado el consejero sobre su configuración.
De este comisionado ha asegurado que va a «estar pegado al territorio» y de esta manera «estará cerca de las personas para escucharles, atenderles» y ha presentado su puesta en marcha como muestra de que «seguimos avanzando en el cumplimiento del pacto».
El consejero y portavoz defendió en su comparecencia el acuerdo de Doñana como «una gran noticia para todos» que «cierra un periodo desagradable de desencuentros», convencido de la necesidad de «ofrecer soluciones a muchas familias del Condado de Huelva», a las que ha retratado como «víctimas de una injusta decisión hace nueve años» acerca de terrenos de uso agrícola que pasaron a ser considerados forestales con la entrada en vigor en 2014 el Plan de Ordenación de Recursos al norte de la Corona Forestal de Doñana, denominado coloquialmente como el Plan de la Fresa.
El Acuerdo de Doñana implica una inversión conjunta de 1.434 millones de euros de ambas administraciones hasta 2027, de los cuales 706 le corresponde a la Administración del Estado y 728 a la Junta de Andalucía.
Además de los seis municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, Almonte, Bollullos, Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Moguer, Palos de la Frontera, se acogerán a las medidas otros de otras provincias como Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) o Villamanrique de la Condesa (Sevilla), así hasta un total de 14.
El acuerdo incluye ayudas de 70.000 euros por hectáreas para los 14 municipios incluidos en el acuerdo, que llegan a ser de 100.000 euros por hectáreas para los seis municipios ubicados al norte de la Corona Forestal del Parque de Doñana cuyos propietarios dejen de cultivar 30 años y diseñen proyectos de recuperación de la flora y fauna y para preservar el acuífero de Doñana.
El consejero y portavoz sitúa la creación de un comisionado sobre Doñana como un gesto para «cumplir uno de los compromisos» del acuerdo de medidas socieconómicas y por ser la vía para garantizarse que «todas esas medidas no sean decisiones que se adoptan en despachos lejos del territorio, sino que nazcan del territorio, escuchando al territorio».
La ‘marcha atrás’ de la Junta
El acuerdo de Doñana ha vivido un sobresalto de última hora a cuenta de que la Junta de Andalucía incluyó en el Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa un párrafo que reproducía la propuesta que hacía la Proposición de Ley de ordenación de los regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana para reformar la Ley Forestal de Andalucía y propiciar así la reversibilidad de terrenos calificados como forestales a suelos agrícolas.
Después de dar la voz de alarma el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, sobre esa reforma de la Ley Forestal de Andalucía incluida en el Decreto de simplificación administrativa, obligó a una negociación entre ambas administraciones para reformar el artículo 242 del decreto-ley, relativo al cambio de la Ley Forestal andaluza.
Ambas administraciones llegaron a un acuerdo en la misma jornada en que el Pleno del Parlamento, el pasado día 21 de febrero, afrontaba la convalidación del decreto-ley 3/2024 con el compromiso expreso de la Junta de Andalucía de volver a cambiar a posteriori el decreto-ley para incluir el texto pactado con el Gobierno. De hecho, el próximo miércoles el Pleno del Parlamento deberá convalidar el decreto-ley 4/2024 que modifica, a su vez, el decreto-ley 3/2024 para ejecutar el acuerdo de Junta de Andalucía y Gobierno.
En otro de los puntos del orden del día, el Consejo de Gobierno aprobará el decreto por el que se establece el contenido y efectos de la declaración de emergencia de interés general de Andalucía, así como el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía.
Además, en otro punto se recoge el inicio de tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía.
