El Defensor del Pueblo andaluz recibió en el año 2023 el mayor número de quejas a la institución desde su creación, con 9.600 protestas, un 12% más que en el ejercicio anterior, y ha expresado una «gran preocupación» por el incremento de quejas en el ámbito de salud con un 58% más que en al año anterior, con hasta 1.150 quejas nuevas, «debido a los retrasos en tiempos de respuesta asistencial en el acceso a la primera consulta de asistencia especializada y en intervención quirúrgica, principalmente».
En el marco de la entrega del Informe Anual 2023 de la Institución al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y, en coincidencia con el 40 aniversario de la creación de este comisionado parlamentario, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido «las demoras en las administraciones públicas». En particular, ha hecho hincapié en los «retrasos» en el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas a la dependencia, la valoración de la discapacidad y el bono de alquiler.
Asimismo, ha concretado que según el balance, en 2023, han sido más de 15.500 consultas atendidas, cifra solo superada en 2020 como consecuencia de la atención prestada por las consecuencias de la COVID. En total, junto a más de 600 acciones de promoción de derechos, el Defensor ha señalado que acometió unas 30.000 actuaciones para las más de 35.000 personas que requirieron su intervención.
En este sentido, Maeztu ha puntualizado que el 56% de estas acciones estuvieron relacionadas con la dignidad de las personas y, de ellas, dos de cada tres afectaron a población vulnerable. En particular, a cuestiones relacionadas con dependencia y servicios sociales, discapacidad, infancia, personas mayores, vivienda, extranjería o prisiones, entre otras.
En este contexto, ha lamentado que «un año más vuelven a ser reiterativas las denuncias que muestran la desesperación e indignación por la tardanza y la falta de claridad en el procedimiento y la resolución de estas prestaciones (ingresos de subsistencia, ayudas a la dependencia, valoración de la discapacidad, bono de alquiler, etcétera)». Igualmente, ha resaltado «la imposibilidad de contactar con los responsables de la tramitación de dichas prestaciones, porque no atienden las llamadas o porque no existen citas disponibles».
Al hilo de lo anterior, el Defensor ha solicitado a la Administración una «verdadera política de cuidados» para los colectivos vulnerables y ha llamado la atención sobre la protección normativa y las políticas públicas singulares para las personas mayores, entre las que ha subrayado una especial protección para las que viven en residencias por «el apartamiento indecente que padecen».
Plan contra las adicciones y por la salud mental
De otro lado, el Defensor del Pueblo andaluz, ha señalado el nuevo Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PSMA) de la Junta de Andalucía, ha pasado el diagnóstico preliminar en el pasado mes de febrero y «próximamente se comunicarán las medidas».
En este ámbito, ha resaltado el análisis que aporta este año sobre la salud mental con el objetivo de «crear conciencia, naturalizar esta necesidad, conocer su entidad, detectar sus puntos flacos, ahondar en las opciones de respuesta y sentar las bases que permitan caminar hacia un mejor horizonte». Así, ha destacado el «especial tratamiento» que dedica el Informe 2023 a la «epidemia creciente de suicidios o al enfoque sobre las adicciones y la patología dual».
En este sentido, ha indicado que se han realizado tres tipo de jornadas focalizadas en la salud mental: una dedicada a las personas mayores; otra a la patología dual, colectivos vulnerables y adiciones; y la tercera a la infancia y adolescencia. Sobre este estudio, el Defensor ha resaltado que la conclusión ha sido «mejorar la ratio profesional». Así, ha reivindicado que «se debe implantar un modelo de tratamiento biopsicosocial», es decir, que «no solamente sean fármacos, por lo tanto, hace falta es también más especialistas»
Por último, Maeztu ha concluido haciendo hincapié en las cuestiones de igualdad de género. En este sentido, ha subrayado que «en este ejercicio de referencia se ha aprobado el primer plan de igualdad del Defensor, asumiendo como principio la propia ejemplaridad de la Institución».
