Con el objetivo de atajar la sobreexplotación y la mala gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos, los agentes de la Guardia Civil han reforzado en los últimos meses las actuaciones en materia de vigilancia y control en todo el país. 

En total, y según los datos publicados por Europa Press, el Instituto Armado ha realizado un total de 4.348 servicios relativos a la vigilancia de fincas rústicas, con 886 inspecciones en las que se ha detenido o investigado a 26 personas y se han denunciado 25 infracciones penales y 1.140 infracciones administrativas. 

La mayoría de dichas denuncias son contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y la Distracción y Defraudación de Aguas. Los agentes del SEPRONA han detectado perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones como una de las técnicas de captación de aguas ilegales más comunes. 

También destacan las balsas ilegales de acumulación de agua, las captaciones directas de cauces, arroyos y caudalímetros, contadores volumétricos de agua, no homologados, manipulados o simplemente no operativos.

La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.

Gran parte de las actuaciones se han desarrollado en zonas especialmente sensibles y vulnerables como pueden ser el Parque Nacional de Doñana y las cuencas de los principales ríos de España.

Actualmente también se está trabajando con las confederaciones hidrográficas en el estudio de imágenes satélite para determinar aquellas fincas que están cultivando productos incompatibles con la cantidad de agua para riego autorizada. 

El ejemplo de la operación ‘Chaak’ en Málaga

Durante los últimos cuatro años se han inspeccionado un total de 3.453.008 m2 de cultivo de subtropical en la provincia de Málaga, donde se pudo comprobar cómo se había estado realizando una extracción continuada, durante varios años, de aguas subterráneas públicas en la masa de agua denominada Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara a través de 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos, balsas, etc.

Se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 m2 aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico de alrededor de unos 10.000.000 euros aproximadamente.

Dentro de las investigaciones sobre la afección al medio natural del Mar Menor que producen determinadas explotaciones ganaderas irregulares, se han descubierto un total de 15 captaciones irregulares de agua, supuestamente destinadas al abastecimiento de estas explotaciones ganaderas y al consumo animal.

La ubicación de los sondeos se ubica sobre un acuífero declarado en riesgo cuantitativo y cualitativo y espacio protegido incluido en la Red Natura 2000 denominado ‘Saladares de Guadalentín‘, lo que agrava el hecho de efectuar los sondeos ilegales sobre estas zonas protegidas.

La intensificación de los periodos de sequías extremas, como consecuencia del cambio climático, está afectando a la disponibilidad de recursos naturales y la seguridad hídrica en España.

Como consecuencia el uso indebido del agua está provocando una sobreexplotación de las aguas superficiales y de los acuíferos, lo que provoca una importante erosión y degradación del suelo, teniendo grandes consecuencias en la fauna y la flora. De ahí la gran importancia de la correcta gestión del agua.

La Guardia Civil tiene un papel fundamental en la prevención y persecución de este tipo de delitos, trabajando además, en la promoción de la cultura del uso responsable del agua, fomentando el conocimiento de la normativa aplicable y sensibilizando a la población sobre la importancia de la protección de los recursos hídricos.

Los autores de este tipo de hechos se estarían enfrentando a penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de encontrarnos en el supuesto más agravado se podrían enfrentar a una pena de prisión de hasta cinco años de cárcel, dependiendo de la afectación al medio natural.

El SEPRONA de la Guardia Civil colabora estrechamente con la Dirección General del Agua (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) así como con los diversos Organismos de Cuenca de España y con varias ONGs.