Luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley de Cohesión e Igualdad Territorial de Extremadura, «que permitirá que todos los extremeños tengan las mismas oportunidades y que la igualdad entre españoles sea real».
Un primer paso adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, cuyo portavoz, Victoria Bazaga, ha recordado que el texto del Anteproyecto de Ley se someterá a exposición pública en los próximos días.
Asimismo, cuenta con 29 artículos cuyo contenido integrará medidas para una gobernanza territorial integradora -según ha explicado Bazaga- así como otras iniciativas con las que se pretende mejorar la participación ciudadana, la coordinación administrativa y la colaboración público-privada.
La portavoz ha reiterado que «es fundamental que haya instrumentos de ordenación territorial y urbanística para promover esa igualdad», y ha recordado que «las infraestructuras que demandan los extremeños» deben mirar «por igual a sus necesidades y también a la cohesión de todas las comarcas».
Otras prioridades, en el marco de la norma, son la prestación de servicios y la comercialización de productos itinerantes, lo que ha calificado como «algo vital para combatir la despoblación y defender la libertad de los extremeños a seguir viviendo donde quieran».
En este sentido, el texto plantea «ayudas a los profesionales por el desplazamiento, la prestación y la puesta a disposición de servicios en municipios», todo ello con el fin de evitar la pérdida de los mismos en el ámbito rural, ha explicado la portavoz.
El Anteproyecto incluye también, como medida destacada, el ‘Sello de desarrollo sostenible e integrador de Extremadura’, con dos categorías diferentes: responsabilidad social territorial y garantía rural.
Con la responsabilidad social territorial «otorgaremos un reconocimiento institucional a empresas, negocios u organizaciones que incrementen las oportunidades y que creen empleo local», ha dicho Bazaga, mientras que en la categoría de garantía rural se reconocerá a entidades cuya actuación conlleve la retención de población y talento, o supongan un incremento demográfico.
En materia fiscal, por otra parte, se pretende «corregir una situación de desigualdad en materia fiscal a las personas residentes en las zonas rurales escasamente pobladas», ha avanzado la portavoz. Victoria Bazaga ha justificado esta medida aludiendo a que esas zonas quedaron fuera de las medidas tributarias contempladas en la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.
Con la futura Ley de Cohesión e Igualdad Territorial se pretende que los residentes en las pedanías disfruten de los mismos beneficios fiscales que tienen municipios y entidades locales que estén por debajo de los 3.000 habitantes, ha señalado la portavoz. Y, para la correcta aplicación de los beneficios y dar mayor seguridad jurídica, se ha creado -ha dicho- un censo de estas poblaciones en el Anexo del Anteproyecto de Ley.
Además, Bazaga ha hecho un llamamiento para que el texto se enriquezca con las aportaciones de la sociedad extremeña y de los grupos políticos de la Asamblea.
AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regulan ayudas destinadas a municipios y entidades locales menores para afrontar situaciones de emergencia, de carácter extraordinario o derivadas de una mayor demanda estacional o temporal, y se aprueba la primera convocatoria con una dotación económica de 1.200.000 euros.
Se trata -ha señalado Bazaga- de una reivindicación de los ayuntamientos extremeños: la necesidad de apoyo financiero para dar respuesta a posibles catástrofes, crisis sanitarias o circunstancias excepcionales. Estas ayudas servirán, ha enfatizado, para garantizar y restablecer los servicios públicos durante y después de una situación de emergencia.
El presupuesto para 2024 es de 1,2 millones de euros y cada población beneficiaria -ha precisado- recibirá hasta 20.000 euros en un único pago y podrán solicitar la ayuda los municipios o entidades locales menores de hasta 5.000 habitantes.
Dentro de esta convocatoria, y para apoyar a las localidades que registran aumentos puntuales y significativos de población, como por ejemplo en verano -lo que se traduce en una mayor demanda de los servicios públicos- se concederán ayudas a entidades de hasta 3.000 habitantes.
NUEVO CENTRO RESIDENCIAL EN PIORNAL
También en el ámbito de los servicios básicos para los extremeños, el Ejecutivo ha autorizado la contratación de las obras del que será el tercer Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados para Personas Mayores de Extremadura, que se construirá en Piornal y se convertirá en un centro geriátrico de referencia comarcal en el Área de Salud de Plasencia.
Este nuevo centro tendrá, por un lado, un área de cuidados y convalecencia, que prestará atención sanitaria a pacientes mientras se recuperan de una enfermedad. Y, por otro lado, contará con una zona residencial, donde convivirán personas que requieran asistencia profesional para su vida cotidiana, en un ambiente hogareño. La inversión alcanza los 7,5 millones de euros.
Este nuevo centro se suma a los que ya están en marcha en Guareña y Herrera del Duque, y que constituyen un nuevo modelo de atención integral residencial a mayores dependientes. En total son ocho los centros proyectados.
AYUDA AL CENTRO OCUPACIONAL DE DOWN BADAJOZ
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado una ayuda directa a Down Badajoz para garantizar los servicios que ofrece a personas con discapacidad.
En concreto, la partida, de algo más de 102.000 euros, asegurará el funcionamiento del centro ocupacional para 16 usuarios que tiene en la ciudad de Badajoz, ha informado la portavoz del Ejecutivo.
«Esta entidad privada sin ánimo de lucro realiza una importante labor social en Extremadura en favor de un colectivo en situación de vulnerabilidad y, con ese objetivo, vamos a seguir respaldando su trabajo», ha concluido Bazaga.
