El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado manifestar su «criterio contrario» respecto a la toma en consideración de la proposición de Ley de Reconciliación registrada por el grupo parlamentario Vox en Andalucía que, entre otras cuestiones, plantea la derogación de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, «así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley».
Así se recoge en un acuerdo que el Consejo de Gobierno del PP-A acordó en su reunión del pasado martes, 22 de noviembre, consultado por Europa Press, a propósito de dicha iniciativa parlamentaria de Vox, que plantea también que la comunidad autónoma andaluza «colaborará con los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten en las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas como consecuencia de la violencia social, política o persecución religiosa durante el periodo histórico comprendido entre el 14 de abril de 1931 –día de la proclamación de la Segunda República española– y el 9 de mayo de 1945, fecha del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa».
En su acuerdo, el Gobierno del PP-A replica a esta iniciativa de Vox que «el ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía ha hecho posible la aprobación de las normas que actualmente regulan la recuperación de la memoria democrática de Andalucía, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz».
En ese contexto, recuerda que la comunidad autónoma aprobó la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y su normativa de desarrollo, «disposiciones dirigidas a la consecución de los principios establecidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía» y en un documento de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –‘Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad’–, que señala que «el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado».
El derecho familiar para abrir las fosas
La proposición de ley de Vox plantea que «estarán legitimados para solicitar la apertura y excavación de una fosa común donde descansen los restos de una víctima los familiares en línea recta descendente». Frente a ello, el Gobierno andaluz defiende «la necesidad de extender la legitimación para solicitar» la apertura y excavación de fosas comunes a «aquellos que sean familiares de las víctimas también en línea colateral hasta el tercer grado, al ser cada vez menor, debido al tiempo transcurrido, el número de familiares que aún se encuentran en disposición de solicitar la recuperación de los restos».
Además, desde la Junta sostienen que «la experiencia, el apoyo y el asesoramiento que las entidades memorialistas prestan a los familiares de las víctimas, en la mayoría de los casos de muy avanzada edad, resulta fundamental para poder conseguir los objetivos de las políticas de recuperación de la memoria».
El acuerdo del Consejo de Gobierno remarca también que «Andalucía cuenta con su propia normativa reguladora sobre actuaciones en fosas comunes, que contempla pormenorizadamente el procedimiento que ha de seguirse, la cualificación profesional del personal que debe participar, las medidas de protección de los restos encontrados y el procedimiento de custodia y entrega a los familiares».
Añade además el Gobierno del PP-A que «la creación de una base de datos genética o el régimen de acceso a los terrenos de titularidad privada, que aparecen recogidos en la iniciativa legislativa» de Vox, «ya aparecen regulados en la legislación autonómica vigente».
La proposición de ley de Vox «contempla igualmente la creación de una Comisión de Exhumaciones con la función de resolver las solicitudes para la localización, excavación de fosas, exhumación, traslado e inhumación de víctimas en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía», según detalla el acuerdo del Consejo de Gobierno, que al respecto replica que «la Administración de la Junta de Andalucía ya cuenta con un órgano que desarrolla esta función, el Comité Técnico de Coordinación previsto en el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra».
La composición y el funcionamiento de dicho comité, «regulados mediante orden de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, de 9 de julio de 2013, contribuyen significativamente al cumplimiento de los fines perseguidos por la normativa reguladora en materia de memoria democrática», defiende el Gobierno del PP-A.
Negativa al no proponer nada nuevo
Así las cosas, el Consejo de Gobierno ha concluido que la proposición de ley de Vox «no añade valor a los instrumentos tanto legislativos como operativos de los que dispone la Comunidad Autónoma de Andalucía, para garantizar el cumplimiento de los objetivos y los principios establecidos por nuestro Estatuto de Autonomía» y por el citado documento de la ONU que «permiten al Gobierno andaluz cumplir con sus deberes competenciales».
Por eso, el Ejecutivo andaluz ha acordado manifestar su «criterio contrario» a la toma en consideración de esta proposición de ley a propuesta del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que, junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, firma este acuerdo del Consejo de Gobierno que se remitirá al Parlamento autonómico.
