Inicio del Juicio por el Asesinato de una Educadora en Badajoz

El abogado de la familia de la educadora social asesinada en Badajoz, Raúl Montaño, ha solicitado penas de seis años de prisión para dos de los menores implicados y ocho años para la menor acusada de asesinato. Montaño ha manifestado su descontento con la Junta de Extremadura, afirmando que la familia siente «un gran pesar» debido a la falta de apoyo recibido.

Según Montaño, aunque la presidenta extremeña, María Guardiola, contactó inicialmente con un familiar, desde entonces la familia ha experimentado un «abandono total» por parte del gobierno autonómico.

Montaño ha indicado que se solicitó una reunión con los responsables de la Consejería de Salud y Servicios Sociales para discutir las preocupaciones de la familia, pero no se recibió respuesta. Además, ha señalado la ausencia de gestos de apoyo o de intentos por parte de la Junta para aliviar el proceso judicial que enfrenta la familia.

El abogado sostiene que la responsabilidad recae completamente en la Junta, a pesar de que se intente trasladar dicha responsabilidad a la empresa concesionaria.

Defensas Señalan a la Junta

José Duarte, abogado defensor de uno de los menores, ha cuestionado la idoneidad de las medidas cautelares implementadas por una asociación que, según él, carecía de los recursos necesarios. Duarte ha planteado la cuestión de «quién cuida a las cuidadoras» y ha criticado la falta de respuesta a las solicitudes de ayuda y recursos presentadas a la Fiscalía durante años.

Duarte ha defendido la necesidad de justicia tanto para menores como para mayores, solicitando la absolución de su cliente al considerar que no participó en la muerte de la educadora, ocurrida en marzo en un piso de medidas judiciales.

Fernando Cumbres, representante legal de otro menor, ha argumentado que la Junta de Extremadura debe asumir responsabilidades civiles y mejorar las condiciones de seguridad y laborales de los trabajadores del sector.

Tres Jornadas de Juicio

El juicio por el asesinato de Belén Cortés en un piso de medidas judiciales en Badajoz, ocurrido en marzo, ha comenzado. Tres menores, de entre 14 y 17 años, están acusados de este crimen.

La Fiscalía ha solicitado penas de entre cinco y seis años de internamiento por asesinato. Inicialmente programado para el 19 de septiembre, el juicio fue aplazado a octubre y extendido a tres sesiones debido al número de testigos previstos.

Se espera la declaración de aproximadamente 50 testigos y peritos, incluyendo a los menores investigados, familiares de la víctima, representantes de la Junta de Extremadura y agentes de la Policía Nacional. El jueves será el turno de los forenses.

La modificación de la fecha del juicio también se debió a la solicitud de la Junta para incluir en el procedimiento a la entidad subcontratada para gestionar la vivienda tutelada donde ocurrieron los hechos.

La acusación del Ministerio Fiscal incluye cargos de asesinato, robo con violencia y conducción sin permiso, solicitando además compensaciones económicas por responsabilidad civil. Las penas solicitadas por la acusación particular se suman a estas.

Los menores fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, ocurrido en marzo en un piso de medidas judiciales en Badajoz, donde trabajaba sola.

Tras el suceso, más de mil personas se manifestaron en Badajoz exigiendo mayor protección para los trabajadores del ámbito social y en protesta por el asesinato de la educadora. Estas reivindicaciones se replicaron en varias localidades del país, demandando mejoras en la seguridad laboral de estos profesionales.