Miles de personas han tomado las calles de Buenos Aires y de otros puntos de Argentina este miércoles para decirle no al desmantelamiento del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. Mientras el nuevo Gobierno avanza con una megaley en el Congreso y un decreto que impuso con centenares de medidas, sindicatos, organizaciones sociales, políticos de la oposición y diversos grupos autoconvocados se han manifestado en contra de los proyectos con los que Milei pretende arrogarse facultades legislativas especiales y desregular la castigada economía argentina. A las 12.00 (hora local), además, ha iniciado un paro general que se extenderá hasta la medianoche, el primero que enfrenta este Gobierno.
“La patria no se vende” es la consigna que más se cantó esta mañana frente al Congreso, donde la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más grande de Argentina, había convocado una marcha que acompañe la huelga general de este miércoles. Miles de personas se congregaron sobre la avenida de Mayo, una arteria del centro de Buenos Aires que conecta el Congreso con la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. Hasta allí llegaron camioneros, trabajadores de la salud o empleados de las oficinas del Estado, pero también cientos de jubilados, inquilinos, asociaciones de teatro, editores de libros, activistas ambientales o defensores de los derechos de las personas con discapacidad. También lo hicieron el peronismo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Cada uno de ellos con un argumento en contra de una megaley que no deja sector de la economía nacional sin tocar en sus más de 500 artículos.
La manifestación se encontró con un gran despliegue de fuerzas de seguridad que tenían el encargo de cuidar una de las obsesiones del Gobierno: que el tránsito de la capital no se corte por las manifestaciones. El Gobierno implementa desde diciembre un protocolo de acción contra manifestaciones, que amenaza con detenciones a los líderes de protestas que corten rutas y hasta con hacer pagar los “gastos operativos” de la policía a las organizaciones sociales que convoquen. Los agentes también pueden realizar controles en el transporte para buscar manifestantes, y esta mañana revisaron los autobuses que circulaban por los ingresos a la capital y prohibieron el paso a quienes querían cruzar a pie un puente en el sur de la ciudad.
La CGT ha estimado que el acatamiento al paro entre sus afiliados fue del 80% en todo el país (unos cinco millones de personas). La central obrera, además, ha estimado que 600.000 personas se movilizaron en Buenos Aires durante la marcha, mientras que 1,5 millones lo hicieron en todo el país. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha difundido, en cambio, que los manifestantes fueron 40.000 y el jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, ha hablado de 80.000 asistentes en declaraciones a los medios. Los ecos de la protesta se escucharon en todo el país y también llegaron a otros países como Italia, donde un grupo de manifestantes se expresó ante la Embajada de Argentina en Roma.
La tensión entre la policía y los manifestantes no tardó en encenderse en Buenos Aires. Sobre la una de la tarde de Argentina (cuatro horas más en la España peninsular), mientras un grupo de personas gritaba frente al Congreso en contra de la ley de Milei, agentes federales despejaron la concentración a los empujones para desbloquear un carril de la calle de Callao para que pasen los coches. Efectivos de la gendarmería llegaron minutos después a cerrar las puertas del Palacio Legislativo entre silbidos e insultos de los manifestantes.
La huelga había comenzado poco antes, al mediodía. Los sindicatos informaron de que los hospitales estaban funcionando con guardias mínimas y los servicios como la recolección de residuos o el barrido de las calles estaban afectados por la medida. El paro del transporte público —buses, metro y trenes— empezó a las 19.00 para “facilitar la posibilidad de concentrar y desconcentrar” a los manifestantes, según explicaron los sindicatos. Los aeropuertos del país siguieron operando, pero algunas empresas, como Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea de bandera, anunciaron cancelaciones y reprogramaciones de vuelos: más de 20.000 pasajeros se quedaron en tierra. Además, en grupos de WhatsApp circuló la propuesta de no consumir en “ningún negocio” que estuviera abierto.
El Gobierno ha rebajado el alcance de la huelga y la manifestación. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, consideró que el impacto de la medida es “mínimo” si se compara con el número de personas que “ha decidido ir a trabajar”. “Me llegan imágenes de todo el país abierto y trabajando”, aseguró Bullrich. “A nosotros no nos acorrala nadie, menos una marcha de 40.000 personas. Son el 0,5% de ocho millones de trabajadores, no existe”, defendió. La ministra ha supervisado, además, la aplicación del protocolo antimanifestaciones que impuso su gestión para prohibir los cortes de calle y el fuerte operativo de seguridad desplegado en el centro de la capital argentina.
Está previsto que Bullrich se reúna con Milei al final del día en la residencia presidencial, en Olivos, “para analizar los acontecimientos”, según aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien también afirmó que “se va a descontar el día de paro” a los trabajadores que adhieran. El portavoz calificó a la medida de “sinsentido” e instó a las empresas y trabajadores que no la apoyan que “cumplan con normalidad sus actividades”.
Es la tercera protesta masiva contra el presidente y el primer paro que la principal central sindical del país convoca en cinco años: la última fue en 2019 durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri. La huelga es una medida de rechazo contra las medidas que el Gobierno de Milei impuso desde que llegó a la Casa Rosada. Al fuerte ajuste que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a los pocos días de asumir el cargo, con una devaluación de la moneda del 50% y la quita de subsidios a la energía y el transporte, se sumaron después dos medidas de enormes dimensiones. La primera fue un megadecreto que está en vigor, pero que es cuestionado en la justicia por quienes lo consideran “inconstitucional” —un tribunal ya suspendió la reforma laboral incluida en el decreto—. Después, el presidente envió al Congreso un proyecto de ley con más de 600 artículos que será votado en el Congreso en sesiones extraordinarias.
Los sindicalistas esperan que la huelga y la manifestación persuadan a los diputados de la oposición de apoyar la megaley del presidente. “Le pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios. Que no traicionen a los trabajadores, a los jubilados, a los que menos tienen”, reclamó el sindicalista Pablo Moyano este miércoles desde un escenario instalado cerca del Congreso. La iniciativa obtuvo dictamen en comisiones la madrugada de este miércoles y comenzará a ser tratada en el recinto a partir de este martes. Sin embargo, los diputados de la oposición que apoyaron el proyecto lo hicieron en disidencia, es decir, con reparos sobre muchos de los puntos incluidos en la última versión del texto. Los legisladores abordarán cada artículo en particular en la Cámara de Diputados y el proyecto podría caer ahí, donde el oficialismo está en minoría.
